Para nadie es un secreto que nuestro país tiene un agravante muy marcado en el tema de los Derechos Humanos, el respeto y obediencia de las leyes estipuladas en la constitución de 1991 o grandes interrogantes con respecto al verdadero significado de la dignidad humana, organizaciones internacionales y diferentes entidades siguen de cerca muchos casos, que ni siquiera nosotros como colombianos lo sabemos.
La constitución política de 1991 por medio de un conjunto de leyes, garantiza un conjunto de derechos fundamentales sin importar el sexo, la raza, la religión o la nacionalidad, entonces ¿por qué siguen siendo nuestras calles y nuestras vidas ese espacio de violencia e injusticia que azota diariamente nuestro país?
El pasado 14 de enero ante el foro “Wilton Park” que se llevó a cabo en Londres, Adriana Mejía Hernández, ex viceministra de asuntos de Asuntos Multilaterales presentó avances en la protección y mejoramiento del respeto por los Derechos Humanos en nuestro país, pero, contrastando con la realidad, la brecha entre ese “supuesto mejoramiento” y la violación e incumplimiento de los DDHH y la leyes, es cada vez más grande.
Hablamos de unos Derechos Fundamentales como, el de opinar y difundir nuestro pensamiento, cuando matan a inocentes por expresar sus ideas y por ir en contra de ciertas líneas políticas poderosas, como lo fue el caso del recordado periodista y humorista Jaime Garzón; se habla de dignidad humana y aún vemos el reflejos de el desplazamiento y la pobreza recorriendo nuestras calles para subsistir y nosotros respondemos ante la situación con total indiferencia; todavía decimos que Colombia está regida por un Estado Social de Derecho y la educación es el privilegió de unos cuantos y dejamos de ser beneficiarios de los servicios de salud a convertirnos en clientes.
Es curioso ver el papel que los noticieros y algunos medios de comunicación juegan en esta lucha por los derechos humanos, en este intento por ser objetivos y transmitir información real, beneficiando la imagen de unos pocos y protegiendo algunos interese políticos de gran poder, dejando a un lado las falencias cometidas por el gobierno y el estado.
Casos tan relevantes y escabrosos como las masacres del Salado, o la Comunidad de paz de San José de Apartadó, que han sido investigados por distintas ONG como la Unión Europea y Amnistía Internacional, son el claro ejemplo de la carencia de un verdadero compromiso del Gobierno, El Estado y algunas de sus instituciones con la protección y seguimiento de los mismos, que con el pasar de los años, han quedado impunes, donde solo en la memoria de las víctimas, sus familiares y las tierras donde padecieron se sabe la verdad de lo ocurrido.
… y si me preguntaran ¿Colombia cómo vamos?, respiraría profundo y diría que sería bueno imaginar, que algún día podríamos tener más seguridad en nuestras instituciones, que no tendríamos que pasar a instancias internacionales para ser escuchados y visibilizar los problemas, que los noticieros dieran la información sin tapujos, que la impunidad dejara de existir en nuestra sociedad y que nosotros fuéramos realmente los beneficiarios y protegidos de ese “Estado Social de Derecho” del cual se supone somos parte importante y prioridad.
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