En 1993 tras firmar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y la introducción de la industria maquiladora en ciudades del norte de México como Tijuana, Heroica Nogales y Ciudad Juárez, esta última tuvo grandes cambios, como un aumento acelerado de su población, la invasión de inmigrantes en la frontera y el descenso del desempleo en la zona; debido a que la mayoría de maquiladoras en Ciudad Juárez son del extranjero, estas contratan su mano de obra a menor precio, es decir, lo que pagan a un trabajador en Estados Unidos o Canadá por hora, lo pagan por día en el país azteca. Lo curioso de la situación es que estas empresas a pesar que requieren fuerza masculina para el trabajo pesado, buscan mano de obra femenina, según estas, las mujeres son más dedicadas y cumplidas en su entorno laboral.
Ese mismo año Ciudad Juárez vivía un momento preocupante de tensión y violencia, su condición como urbe fronteriza era complicada, pues el narcotráfico, la policía y otros grupos poderosos sostenían una cruel guerra por el territorio, punto estratégico para traficar drogas, órganos o lo que representa para muchos latinos, un paso estratégico de inmigrantes a Estados Unidos. La guerra entre estos grupos empezaría a dejar sus primeras víctimas inocentes y desencadenaría uno de los hechos más reprochables de toda la historia en el territorio mexicano.
Una mañana de 1993 se encontró muerta la joven Alma Farel, su cuerpo fue hallado en una de las periferias de Ciudad Juárez, la joven que se había reportado como desaparecida días atrás, trabajaba como empleada en una de las maquiladoras de la ciudad, este hecho causo repulsión por los habitantes de la zona quienes no sabrían que ese delito sería tan solo el primero de muchos que aún siguen ocurriendo en esta ciudad.
Después del primer homicidio vinieron más con características similares, las mujeres que eran víctimas de estos homicidios en su mayoría trabajaban en las maquiladoras, venían de familias muy pobres y eran jóvenes, tras las diferentes denuncias a las autoridades respectivas, los familiares de las victimas esperaban la captura de el o los criminales de los hechos que llenaban de miedo y tristeza a los Juarenses.
Al pasar el tiempo las muertes seguían cobrando las vidas de mujeres inocentes por toda la ciudad, las investigaciones del departamento de policía local no resolvían nada, lo único claro era que estos homicidios eran cometidos por varios hombres, que, según estudios médicos posteriores, usaban los cuerpos de las víctimas para someterlos a crueles castigos, violaciones, torturas, golpes en todo el cuerpo e incluso amputación de los senos, hechos que visibilizaban lo aberrante y escabroso de los casos.
La ciudadanía, en especial los familiares de las víctimas, al ver como avanzaba el tiempo sin tener resultados ni pistas que delataran los culpables de esta cadena de asesinatos, decidieron por cuenta propia buscar la verdad de lo ocurrido, grupos como Ni una muerte más, Nuestras hijas de regreso a casa, Voces sin eco, entre otras, fueron creadas principalmente como organizaciones de apoyo y solidaridad para familiares de las victimas y para ejercer presión frente a la evidente negligencia por parte de las autoridades en los procesos de investigación.
Los reportes oficiales de la policía local y de la procuraduría del estado de Chihuahua empezaron inicialmente a culpar de estos hechos a grupos delincuenciales de la ciudad, después culparon a bandas del narcotráfico, sosteniendo que las muertes eran producto de la guerra por el territorio que se vivía en aquel momento, también, de manera astuta, desviaron la atención de los ciudadanos y el rumbo de las investigaciones, capturando sin ninguna prueba, a miembros de distintos grupos al margen de ley y reinsertados, asegurando que ellos eran los autores intelectuales de esos crímenes, que hasta el momento dejan un saldo de más de 500 mujeres asesinadas y alrededor de 1.000 mujeres reportadas como desaparecidas.
Según las características de los casos de los detenidos, ninguno de los señalados como culpables, parecían ser los autores de lo que empezó a llamarse en México “feminicidio”, en la cárcel mataron a 2 de los arrestados y a sus respectivos abogados, testimonios de ellos y de quienes aún siguen con vida, aseguran haber sido torturados por agentes de la policía para aceptar los cargos por más de ocho homicidios y violaciones a mujeres desaparecidas o encontradas muertas, lo cual empezaba a destapar una oscura participación de la organización estatal en los crímenes.
Sitios de poca concurrencia como el Campo Algodonero, el camino al puente de El Paso, lote bravo o el cerro del cristo negro son los lugares donde más cuerpos sin vida se han hallado, donde se levantan cruses rosadas en su mayoría como símbolo de que en estos lugares han matado a mujeres inocentes sin razón alguna. Ante la ineficacia de los trabajos realizados por las autoridades competentes y su evidente ocultamiento de información, distintas ONG de todo el mundo como Amnistía Internacional, OEA, la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pusieron sus ojos sobre esta situación en donde han demandado al Estado y al Gobierno mexicano por intransigencia y posibles vínculos con los autores del “Feminicidio”.
Diana Washington, reconocida periodista de Texas, ha venido escribiendo durante 9 años lo ocurrido en Ciudad Juárez, al igual que ella, Fabienne Venet, directora de Sin Fronteras y Martha Lamas reconocida antropóloga mexicana, coinciden que estos hechos son una clara evidencia de la ausencia de un verdadero Estado Social de Derecho, de una contundente violación a los derechos humanos, donde se reciben órdenes por parte de algún o algunos miembros de alto rango del estado que tiene nexos con estos grupo organizados de homicidas, lo cual esclarece un poco el panorama de lo que viene sucediendo en Juárez hace 17 años.
Es evidente el irrespeto por el derecho a la vida y en general por varios de los derechos humanos, sin nombrar las condiciones de trabajo en las maquiladores donde es clara la violación al derecho a un trabajo digno, así como lo califican varios Informes de la ONU, la OEA y la Unión Europea, la intransigencia con la que trabajan las entidades estatales y gubernamentales de México en la lucha contra la violencia y la violación de los derechos fundamentales es inaceptable.
Sergio Gonzales Rodríguez, publicó hace algún tiempo en la edición española de “Le Monde Diplomatique”, un articulo donde sin pelos en la lengua, al igual que Washington, denuncian directamente al estado mexicano por encubrimiento de culpables y delitos, donde también exponen pruebas que aparentemente señalan a funcionarios que trabajaron en el gobierno del ex presidente Vicente Fox y procuradores del Estado de Chihuahua, como presuntos implicados; Así como estos periodistas, miembros de distintos grupos de apoyo y jefes de investigación del FBI han recibido amenazas de muerte y distintos ataques de grupos y sujetos no identificados, después de exponer pruebas donde se involucran a miembros del gobierno o el estado en estos crímenes.
A pesar de las distintas investigaciones que se han llevado a cabo, de los periodistas, antropólogos miembros de la comunidad e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han denunciado directamente al Estado mexicano y a la policía local de lo ocurrido, mientras se siga entorpeciendo el trabajo de averiguación, se sigan distorsionando los datos de los cadáveres, sigan asesinando testigos claves y sigan las familias de las victimas esperando una respuesta clara por parte de las autoridades competentes, van a seguir encerrados en la cárcel inocentes, continuaran matando a mujeres buenas por obra de ese poder oculto que muchos saben quién es, pero que por temor a las represarías que puede tomar, nadie lo denuncia.
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